GIRO JUDICIAL EN BOLIVIA: LIBERAN A EDUARDO DEL CASTILLO MIENTRAS SE ACUMULAN DENUNCIAS PENALES EN SU CONTRA
En un cierre de año convulso para la política boliviana, la Justicia determinó este martes 30 de diciembre de 2025 la liberación de Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno durante la administración de Luis Arce y reciente candidato presidencial. Del Castillo había sido aprehendido la madrugada del mismo día en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, bajo cargos de «obstrucción a la función policial» cuando intentaba abordar un vuelo hacia Chile con destino final en China. Tras una audiencia de acción de libertad, el juez Carlos Alberto Moreira ordenó su liberación inmediata al considerar que hubo irregularidades en el procedimiento policial y falta de indicios sólidos por parte de la Fiscalía.
A pesar de recuperar su libertad ambulatoria, el panorama legal para el exministro es sombrío. Horas después de su arresto inicial, se presentaron al menos tres nuevas denuncias penales de alto impacto que complican su futuro inmediato. La más relevante proviene del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (liberado en agosto de este año), quien a través de su defensa formalizó una querella por secuestro, tortura, desaparición forzada y resoluciones contrarias a la Constitución. Camacho responsabiliza directamente a Del Castillo por el operativo de su captura en diciembre de 2022, calificando la gestión del exministro como una etapa de persecución política sistemática.
El incidente en el aeropuerto, que detonó esta crisis, ocurrió cuando Del Castillo se habría negado a someterse a una inspección protocolar de equipaje y documentación. Según el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, el exfuncionario mostró una «conducta obstructiva» que retrasó vuelos internacionales. Por su parte, Del Castillo denunció que se trata de un «tema político» y alegó que su viaje tenía fines estrictamente humanitarios: el tratamiento médico de su hija menor en Santiago de Chile. Al salir del juzgado, el exministro afirmó que enfrentará todos los procesos necesarios para demostrar su inocencia y denunció la vulneración de sus derechos fundamentales.
La situación de Del Castillo refleja el cambio de ciclo político en Bolivia tras la llegada al poder de Rodrigo Paz. El nuevo gobierno ha implementado una norma que impide a altos funcionarios de la administración anterior salir del país durante los primeros 90 días tras el cambio de mando, como parte de un proceso de rendición de cuentas. Además de la denuncia de Camacho, el exministro enfrenta cargos por presunta «inacción» en casos de narcotráfico y amenazas de muerte denunciadas por otros ciudadanos. Estas querellas buscan auditar lo que la oposición denomina «el brazo ejecutor del gobierno de Arce», que mantuvo a figuras clave de la política cruceña tras las rejas durante años
El impacto social de su detención y posterior liberación ha reavivado las tensiones en Santa Cruz, bastión opositor donde la figura de Del Castillo es profundamente rechazada. Mientras sus simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) denuncian una «cacería de brujas», diversos sectores civiles exigen que no se le permita salir del país hasta que responda por los supuestos abusos cometidos durante su gestión como titular de la cartera de Gobierno (Interior). La Fiscalía ha anunciado que, aunque no hubo imputación inmediata por el incidente del aeropuerto, las nuevas denuncias de Camacho y otros particulares seguirán su curso legal de manera independiente y prioritaria en 2026.
Al finalizar el 2025, Eduardo del Castillo se encuentra en una encrucijada: en libertad pero cercado judicialmente. Su intento fallido de salir del país ha servido como catalizador para que sus detractores unifiquen causas en su contra. De cara al inicio del 2026, el exministro ha prometido presentarse a todas las citaciones judiciales «las veces que sean necesarias», mientras el país observa si este proceso judicial marca el inicio de una nueva etapa de justicia o si profundizará la polarización política que ha definido a la nación andina en la última década.
