Santo Domingo, RD. – La Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO), que preside Julio César de la Rosa Tiburcio, presentó una querella formal en contra del exministro de Educación, Ángel Hernández, por presunta violación a la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio (311-14) y la Ley de Lavado de Activos (155-17).
De acuerdo con la denuncia, el exfuncionario habría omitido “deliberadamente en la Declaración Jurada de Patrimonio la existencia de una sociedad comercial constituida en marzo de 2022 antes de ser designado como ministro de Educación”.
La querella y las irregularidades señaladas
De la Rosa Tiburcio explicó que ADOCO inició la investigación tras detectar la omisión de una sociedad llamada Playa Morón, registrada en enero de 2022 a nombre de Hernández, aunque con su esposa e hija como accionistas.
“La Ley 311-14 obliga a los funcionarios a declarar su patrimonio personal y el de la comunidad de bienes, lo que incluye los bienes de su cónyuge”, recordó.
El caso levantó sospechas tras una transacción de 31 millones de pesos en septiembre de 2022, un mes después de que Hernández asumiera el cargo. Según ADOCO, la Declaración Jurada fue presentada seis meses después de su juramentación, pese a que la normativa establece un plazo de 30 días. “Eso constituye una violación en no presentarle en los 30 días, que se categoriza como falta grave de tercer orden o de tercer grado”, señaló el dirigente anticorrupción.
Posible lavado de activos
La organización también apuntó a una supuesta operación de lavado de activos. El terreno adquirido en Playa Morón, de casi 8,000 metros cuadrados, fue comprado “mediante una compra directa en efectivo” y, de acuerdo con Tiburcio, podría tener un valor entre 4 y 5 millones de dólares.
El presidente de ADOCO cuestionó la procedencia de los fondos: “No cuadran los números para la compra, ya que el salario de la esposa del exministro era de apenas 95,000 pesos”.
En declaraciones posteriores, Hernández admitió “que hubo un manejo de recursos de un lado a otro”. Tiburcio afirmó que el exministro reconoció que “tomó dinero de UAPA y lo transfirió a una razón social donde su familia son los accionistas” con fines turísticos. “Ese movimiento de fondos de una entidad sin fines de lucro (la Universidad UAPA) a una empresa familiar con fines de lucro es una típica operación de lavado de activos”, sostuvo.
Rectificación tardía y nuevas críticas
ADOCO denunció que la declaración rectificativa presentada por Hernández, ocho meses después, lo “incrimina nuevamente”, pues en ella incluyó ocho sociedades de las que era accionista y que no había reportado en su declaración inicial.
“La subsanación no borra el crimen”, advirtió Tiburcio.
La organización también cuestionó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), dirigida por Milagros Ortiz Bosch, por archivar la denuncia. De la Rosa Tiburcio calificó la decisión como una “maniobra de tipo administrativa que no está reservada a la DIGEIG, sino al Ministerio Público”.
La defensa de Hernández
Sobre los alegatos del exministro, quien ha intentado vincular el caso con supuestas irregularidades de gestiones anteriores, el presidente de ADOCO lo calificó como “un mecanismo de defensa con el objeto de mandar el mensaje yo no me voy solo”.
“Hay irregularidades que se cometieron en su gestión”, subrayó De la Rosa Tiburcio, recordando que las investigaciones por sobrecostos en obras también incluyen a Hernández.
