Venezuela formaliza su salida de la Corte Penal Internacional: Un quiebre total en la justicia global
El Gobierno de Venezuela ha notificado oficialmente su decisión «firme e irrevocable» de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), denunciando el Estatuto de Roma tras un proceso de tensión prolongada con el tribunal de La Haya. La medida, comunicada formalmente ante la ONU por el canciller Félix Plasencia bajo el mandato de la presidenta Delcy Rodríguez, marca un punto de no retorno en la postura diplomática del país sudamericano frente a los organismos internacionales.
Puntos clave del anuncio:
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Ruptura definitiva: El Estado venezolano ha calificado al tribunal como una herramienta sesgada y politizada, argumentando que se utiliza para socavar la soberanía nacional y desconocer el derecho de autodeterminación.
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Fundamento jurídico: El proceso se rige por el artículo 127 del Estatuto de Roma, lo que implica que el retiro será oficial un año después de la notificación presentada ante el Secretario General de las Naciones Unidas.
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Antecedentes de la crisis: Este paso consolida la decisión tomada por el Parlamento en diciembre de 2025, tras la expulsión de la oficina técnica de la Fiscalía de la CPI en Caracas y la constante negativa gubernamental ante los señalamientos de crímenes de lesa humanidad.
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Consecuencias inmediatas: Pese a la salida voluntaria, el equipo jurídico de la Corte mantiene abierta la investigación sobre los eventos ocurridos en 2017, un proceso que sigue en curso desde La Haya y que ignora la pretensión de impunidad buscada por la administración actual.
