El 28 de julio, la Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social (ASONAFISS) depositó ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) una instancia mediante la cual solicitó medidas concretas para mejorar las coberturas que reciben los afiliado. El CNSS respondió con la Resolución 641-11, remitiendo las propuestas a las Comisiones Permanentes de Salud y de Presupuesto, Finanzas e Inversiones para su estudio y posterior informe. La decisión constituye un paso institucional, pero remitir un expediente a una comisión no resuelve el problema que enfrenta el afiliado frente al mostrador de una farmacia.

ASONAFISS ha planteado tres reivindicaciones fundamentales: elevar de RD$12,000 a RD$30,000 la cobertura anual de medicamentos ambulatorios, permitir la acumulación de los montos no utilizados y ampliar el catálogo de medicamentos cubiertos.

No son demandas abstractas, detrás de cada una existen pacientes que necesitan medicamentos para controlar enfermedades crónicas, familias obligadas a completar tratamientos con recursos propios y afiliados que descubren, precisamente cuando necesitan utilizar su seguro, que determinado medicamento no está cubierto.

Incluso se producen situaciones difíciles de comprender: el afiliado dispone de balance para medicamentos, pero la farmacia informa que el producto prescrito no puede ser autorizado porque otro fármaco con componentes similares fue dispensado. Es decir, existe cobertura económica, prescripción médica y una necesidad sanitaria, pero el paciente termina pagando.

El CNSS, como órgano rector del SDSS, no puede permanecer en el terreno del análisis mientras los problemas de cobertura tienen consecuencias sobre la salud de las personas. La demora regulatoria puede terminar favoreciendo el mantenimiento del statu quo y, con ello, a las ARS.

En síntesis, ASONAFISS no está reclamando privilegios, está reclamando que la seguridad social responda a su finalidad esencial: proteger a las personas. El debate, por tanto, no debe reducirse a cuánto cuesta ampliar las coberturas. También debemos preguntarnos cuánto le cuesta a la sociedad no ampliarlas: enfermedades agravadas, tratamientos interrumpidos, gasto familiar y deterioro de la salud preventiva. Una respuesta tardía, es una negación de derechos.