Rusia endurece la persecución contra los disidentes exiliados
El Parlamento ruso ha aprobado una legislación que impone castigos severos contra los ciudadanos que han abandonado el país debido a su oposición al gobierno. Las autoridades han etiquetado a estas personas como traidores, justificando así la retirada de sus derechos civiles y financieros fundamentales.
Las medidas implementadas incluyen:
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Asfixia económica: Las autoridades han ordenado el bloqueo de cuentas bancarias y otros activos financieros. Además, se prohíbe a los exiliados realizar cualquier tipo de transferencia de dinero a través de plataformas digitales.
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Restricciones laborales y legales: Se ha prohibido que estas personas se registren como empresarios o trabajadores autónomos. Asimismo, han perdido sus derechos sobre bienes inmuebles que posean en territorio ruso.
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Limitación de servicios básicos: Los afectados sufren restricciones en el uso de sus licencias de conducir y se les ha cortado el acceso a la mayoría de los servicios estatales y municipales, incluso los que se gestionan de forma digital.
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Aislamiento consular: La nueva normativa dificulta enormemente el acceso a servicios consulares, dejando a los disidentes en una situación de mayor vulnerabilidad fuera de sus fronteras.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado estas acciones, calificándolas como una táctica deliberada para castigar la disidencia y silenciar cualquier voz crítica que se manifieste desde el exterior.
