Reducción del Congreso, menos recursos a partidos y fin del instituto electoral: la reforma política de López Obrador que ya rechazó la oposición

La reforma política que la semana pasada presentó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tiene escasas probabilidades de ser aprobada en el Congreso debido a que en los últimos días la oposición en pleno ya anticipó su rechazo.

Para ser avalada, la iniciativa requiere una mayoría calificada de la que el oficialismo carece en el Poder Legislativo.

De hecho, no contar con los votos necesarios le valió hace solo dos semanas el fracaso de una reforma eléctrica que se había constituido en uno de los principales y más ambiciosos objetivos de su Gobierno.

En la Cámara de Diputados, la reforma política apoyada por la bancada oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) necesita por lo menos 334 votos de 500, pero apenas cuenta con 277 sumando incluso a legisladores aliados.

En el Senado tiene 75 de 128 escaños, pero precisa un mínimo de 85, así que en ninguno de los dos casos le alcanzan los números.

Otro factor que le juega en contra a López Obrador es que, a dos años para las presidenciales de 2024, con varios precandidatos ya en campaña, los principales actores políticos del país no quieren cambiar de manera sustancial las reglas del juego electoral, entre ellos partidos marginales que hoy lo apoyan pero que no van a votar a favor de que les recorten el millonario financiamiento público.

A pesar de que el escenario no es el más favorable, el mandatario ya envió al Congreso una iniciativa que propone una docena de modificaciones fundamentales al sistema político mexicano.

Los cambios

Uno de los puntos más controvertidos plantea que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos cada seis años a través del voto popular, antes de los comicios presidenciales, y que el Instituto Nacional Electoral (INE) desaparezca para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

Actualmente, el INE se compone de 11 consejeros que fueron elegidos por dos terceras partes de la Cámara de Diputados, y cuatro de ellos, incluido el presidente del órgano, Lorenzo Córdova, culminarán su mandato de nueve años en abril de 2023.

La iniciativa oficialista plantea que a partir de ahora solo haya siete consejeros que serán elegidos por la ciudadanía de entre una lista de 60 nombres propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Este es uno de los puntos culminantes de la pelea que López Obrador ha mantenido con Córdova en particular y con el propio INE en general, ya que considera que ni el organismo ni sus integrantes son garantes de la democracia.

Los enfrentamientos han sido públicos y constantes.