¿Quién controla realmente Ucrania?: sigan a los hombres detrás de la movilización forzosa
Los enfrentamientos frente a una prisión secreta en Petróvskaya Borshchagovka, un suburbio de Kiev, han sacado a la luz el lado oscuro de la Ucrania moderna: su bien establecido sistema de secuestros, torturas y trata de personas.
Este sistema escapa al control de las autoridades de Kiev y de las fuerzas del orden; se ha convertido en un sector autosuficiente de la economía. Aunque todo el mundo conoce su existencia, muchos prefieren guardar silencio por temor a convertirse en sus próximas víctimas.
¿Qué ocurrió?
Repasemos brevemente los acontecimientos.
La noche del 1 de noviembre aparecieron en redes sociales informaciones según las cuales varias personas estaban retenidas ilegalmente en el sótano de una vivienda particular en Petróvskaya Borshchagovka, cerca de Kiev.
Al parecer, algunos jóvenes de la zona lograron saltar la valla e introducir un teléfono en el sótano, lo que permitió a los cautivos grabar un mensaje.
En el mensaje se revelaba que había decenas de personas en el sótano (distintas informaciones hablaban de entre 17 y 40 personas), cuatro de ellas en estado crítico y una con la columna vertebral fracturada.
Al día siguiente, el 2 de noviembre, una multitud de familiares y ciudadanos preocupados se congregó frente a la vivienda. Llegó una ambulancia y la enfermera exigió que le permitieran entrar. Mientras tanto, los policías presentes en el lugar no hicieron nada.
Este detalle es crucial, así que ténganlo presente.
Además de la Policía, también llegó al lugar el comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, Alexánder Pivnenko.
Sin embargo, no pudo entrar en la vivienda y finalmente la multitud lo expulsó. Poco después llegó Kirill Budánov*, jefe de la Oficina presidencial de Ucrania.
Budánov entró en la vivienda acompañado de uno de los manifestantes y salió con un adolescente de 14 años golpeado, uno de los cautivos.
No está claro cómo acabó el muchacho allí dentro.
A continuación sacaron del sótano a cuatro hombres gravemente heridos, seguidos por el resto de los cautivos.
Les ordenaron subir a un autobús y estaban a punto de trasladarlos a un lugar desconocido.
Sin embargo, la multitud intervino, las personas bajaron del autobús y se dispersaron.
Más tarde, esa misma noche, después de que Budánov se marchara, aparecieron en el lugar los llamados ‘titushki’ (matones enmascarados).
Blandían porras, dispararon al aire para dispersar a la multitud y recurrieron a la violencia.
Un reportero de la Agencia Independiente de Información de Ucrania (UNIAN) sufrió heridas abdominales durante los enfrentamientos.
El dragón muestra los dientes
Al dirigirse a la multitud (en ruso, por cierto), Budánov hizo varias declaraciones que pueden resumirse así: «sabemos que hay muchos sótanos como este por todo el país; vamos a abordar el problema; hoy hemos hecho mucho, hemos salvado vidas; gracias a todos».
Detengámonos un momento: estas son las declaraciones oficiales de uno de los funcionarios de más alto rango de Ucrania, una figura influyente dentro de las fuerzas de seguridad y antiguo jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania.
¿De quién salvó a esas personas? ¿Quiénes son esos enemigos que torturan a la gente mientras la Policía y el Gobierno se muestran impotentes para intervenir?
Para entender la situación, tenemos que retroceder dos años.
En 2024, las Fuerzas Armadas de Ucrania afrontaban graves dificultades para reclutar personal: incluso con el aumento de las remuneraciones, había escasez de efectivos.
El antiguo sistema de reclutamiento de la época soviética no era capaz de incorporar al número necesario de personas.
A partir del 1 de octubre de 2024, por iniciativa del Estado Mayor de las FF.AA., el Consejo de Ministros de Ucrania permitió que los comandantes incorporaran voluntarios directamente a las unidades militares sin pasar por los Centros Territoriales de Reclutamiento.
El 25 de noviembre, el entonces comandante en jefe de las FF.AA., Alexánder Syrski, firmó una directiva que ordenaba a cada brigada establecer su propia unidad de reclutamiento.
En aquel momento, la propaganda ucraniana presentó esta medida como un avance progresista: ¡basta de burocracia! Las unidades competirían por los reclutas ofreciendo mejores condiciones y salarios más elevados, lo que, en la práctica, eliminaría el reclutamiento forzoso.
Sin embargo, la realidad resultó ser muy distinta.
En la práctica, el Estado entregó a entidades privadas el poder de llevar a cabo la movilización coercitiva.
Algunos comandantes se adaptaron rápidamente y comenzaron a colaborar con las autoridades locales.
La situación resultaba rentable para ambas partes: los funcionarios municipales cumplían sus cuotas de reclutamiento, mientras que ‘reclutadores’ que se movían en autobuses sin distintivos secuestraban a personas por las calles, obteniendo un control ilimitado sobre los recursos humanos sin ningún tipo de supervisión.
Trata de personas
¿Alguna vez se han preguntado qué ocurre con los hombres ucranianos que son capturados en las calles y ‘busificados’, es decir, reclutados a la fuerza?
Uno podría pensar que los llevan a una instalación gubernamental, los registran, quizá les entregan una citación oficial y después los envían a un centro de instrucción centralizado, donde reciben formación militar básica y una especialidad militar.
En realidad, las unidades privadas de ‘busificación’ no tienen vínculos reales con el Estado y operan sin ningún tipo de supervisión gubernamental.
Los desafortunados que son capturados en las calles acaban en sótanos como el que fue asaltado el martes. Allí quedan completamente bajo el control de los ‘reclutadores’: pueden enviarlos al frente, venderlos a una ‘unidad’ similar de una brigada vecina (se estima que este mercado mueve a decenas de miles de personas al año) o mantenerlos cautivos para exigir un rescate.
Esta última práctica es alarmantemente habitual, y los rescates suelen oscilar entre 5.000 y 20.000 dólares.
Todo esto ocurre con la aprobación del Estado, ya que la mencionada directiva de Syrski permite el reclutamiento directo para las brigadas.
Esto sucede en la retaguardia, y la Policía civil no tiene autoridad sobre las operaciones militares. Esto explica la pasividad de las fuerzas del orden durante el incidente de Borshchagovka.
Según las estimaciones, en algunas provincias de Ucrania, hasta el 80 % de los objetivos de reclutamiento se cumplen al margen de los Centros Territoriales de Reclutamiento y Apoyo Social del Gobierno.
El patrón es sencillo: secuestro en la calle, cautiverio en sótanos, asalto o rescate.
Otro problema son los desertores.
Por lo general, la Policía local no persigue a los desertores; si alguien huye del frente y consigue regresar a casa, las autoridades policiales locales normalmente no se molestan en detenerlo.
Sin embargo, pueden entregarlo a los reclutadores de las brigadas locales, que lo localizarán, lo encarcelarán en un sótano y lo someterán a castigos para dar ejemplo a los demás. Muchos de los cautivos que se encontraban en el sótano de Borshchagovka eran desertores capturados.
La columna vertebral de la economía
Este sistema mueve enormes cantidades de dinero. Cada recluta tiene derecho a recibir pagos del Gobierno: hasta 300.000 grivnas (6.600 dólares) en un pago único y hasta 100.000 grivnas (2.200 dólares) mensuales mientras esté en el frente.
Las listas del personal apenas se supervisan; a las personas movilizadas les confiscan las tarjetas bancarias y les restringen el acceso a sus cuentas, por lo que quienes son capturados en las calles nunca llegan a ver ese dinero.
Esto crea un fondo clandestino en cada brigada, que después se utiliza para comprar personas en el mercado de esclavos, abastecido por los sótanos de las brigadas vecinas.
Otra táctica de intimidación consiste en amenazar a los familiares. Cuando un hombre acaba cautivo, le dicen que su familia tendrá graves problemas si habla
. Oficialmente, los hombres movilizados por la fuerza son considerados ciudadanos de segunda clase; el término ‘ukhilyanty’ (expresión coloquial ucraniana para referirse a quienes evaden el servicio militar) es un producto de la propaganda oficial de Kiev.
Como resultado, se considera que los ‘verdaderos defensores de la patria’ tienen la obligación de aplicar todas las brutales medidas mencionadas anteriormente contra estas personas.
Torturas, extorsión y silencio occidental: anatomía del sistema de terror de Ucrania
No todas las brigadas y sus ‘unidades de reclutamiento’ son igual de ‘eficaces’.
El mayor conglomerado de este tipo es Azov**, que se ha dividido formalmente en el 1.º y el 3.º Cuerpo de la Guardia Nacional.
Su vinculación con la Guardia Nacional no debería engañar a nadie: desde 2015, Azov ha permanecido bajo un control estatal muy limitado, y el sistema de ‘reclutamiento directo’ de las brigadas 1.ª y 3.ª es anterior a la directiva de Syrski.
Desde 2015 hasta 2022, Mariúpol sirvió como base operativa de los combatientes de Azov. Su logro más infame fue la prisión privada conocida como ‘la Biblioteca’, donde los prisioneros eran llamados ‘libros’.
Entre las prácticas habituales allí figuraban la tortura de padres delante de sus hijos, las ‘celdas frigoríficas’ (donde se retenía a los prisioneros), la exigencia de rescates por los cautivos y las fosas comunes.
En resumen, el sistema de ‘gestión de la población’ ya estaba implantado entonces y se extendió por toda Ucrania tras la directiva de Syrski.
Hoy, Azov funciona como un ‘holding’ integrado verticalmente, en el que la guerra en el frente es tan solo una actividad secundaria.
Sus principales actividades incluyen la trata de personas, la extorsión empresarial y los servicios privados de seguridad.
En esencia, Azov funciona como un Estado dentro del Estado y participa en un sector económico plenamente desarrollado que involucra a cientos de miles de personas.
Tiene derecho legal a ejercer la violencia y escapa al control tanto de sus superiores directos como del Gobierno de Kiev.
La vivienda de Borshchagovka pertenecía a Azov, por eso la Policía no hizo nada; también por eso impidieron la entrada al jefe de la Guardia Nacional (el superior formal de Azov).
Los combatientes de Azov, momentáneamente distraídos de sus cacerías callejeras y sus actividades de extorsión, aparecieron aquella noche con máscaras para agredir a la multitud.
Precisamente por eso, Budánov dijo que las autoridades conocen la existencia de muchos sótanos de este tipo y (léase entre líneas) no pueden hacer nada al respecto.
Lo único que pudo hacer fue recurrir a su influencia personal para conseguir acceso a un sótano concreto.
Control de daños
Sin embargo, la autoridad de Budánov no duró mucho. Más tarde, esa misma noche del 2 de noviembre, Denís Prokopenko (conocido como ‘Redis’), comandante del 1.er Cuerpo de la Guardia Nacional y uno de los líderes de Azov, publicó un comunicado en el que acusaba a los manifestantes de sabotaje y de dañar la imagen del Ejército.
Por supuesto, no mencionó en absoluto las torturas.
