Como venimos tratando en este espacio desde hace unos días, la creación de nuevos municipios debe ser analizada con mayor rigor.

Dividir un territorio, cambiar su categoría administrativa y crear nuevas autoridades no significa, por sí solo, promover su desarrollo.

Es cierto que convertirse en municipio puede otorgar mayor autonomía política, capacidad de representación y acceso directo a recursos públicos. También puede acercar determinadas decisiones a la población. Sin embargo, el verdadero resultado debe medirse por la capacidad de mejorar los servicios, ejecutar obras y responder a las necesidades colectivas.

Los datos presupuestarios de Baitoa, Matanzas, San Víctor y Los Cacaos permiten examinar esta realidad. No representan una conclusión definitiva, porque se trata de presupuestos formulados y no necesariamente de gastos ejecutados. Pero muestran una tendencia que merece atención.

Baitoa pasó de manejar alrededor de RD$17 millones cuando era distrito municipal a disponer de casi RD$38 millones en 2026. El aumento parece considerable. Sin embargo, al relacionarlo con la población, el gasto presupuestado en personal pasó de RD$473 a RD$1,643 por habitante, mientras la inversión apenas aumentó de RD$240 a RD$416.

En Matanzas, el presupuesto creció de aproximadamente RD$30 millones a RD$60 millones. No obstante, la inversión por habitante disminuyó de RD$537 a RD$508. Al mismo tiempo, el gasto en recursos humanos aumentó de RD$960 a RD$1,560 por persona.

San Víctor muestra un comportamiento ligeramente diferente. Su presupuesto pasó de unos RD$35 millones a casi RD$61 millones. La inversión por habitante aumentó de RD$440 a RD$572, pero el gasto de personal también creció con mayor intensidad: de RD$943 a RD$1,401.

En Los Cacaos, el presupuesto actual contempla aproximadamente RD$1,056 por habitante para personal y sólo RD$356 para inversión. Esto significa que por cada peso destinado a obras se presupuestan casi tres pesos para sostener la estructura humana del ayuntamiento.

No cuestiono el derecho de las comunidades a reclamar mayor representación ni desconozco sus aspiraciones de autonomía. Lo que debemos cuestionar es la idea de que elevar un territorio de categoría produce desarrollo automáticamente. Toda nueva estructura municipal necesita autoridades, regidores, personal administrativo, oficinas, equipos, servicios y otros gastos recurrentes. Si los ingresos no crecen en la misma proporción, una parte importante de las transferencias termina sosteniendo la administración creada.

El problema tampoco consiste simplemente en reducir empleados. Los ayuntamientos necesitan personal suficiente y competente para prestar servicios. La discusión debe centrarse en la relación entre gasto administrativo, calidad institucional, ingresos propios, servicios municipales e inversión efectiva.

Antes de crear otro municipio, el Congreso debería exigir un estudio de viabilidad territorial, demográfica, administrativa y financiera. Ese análisis debe incluir población real, capacidad para recaudar arbitrios, costo de la nueva estructura, disponibilidad de personal técnico, necesidades de infraestructura y proyección de inversión por habitante.

También convendría evaluar cada nueva municipalidad después de cinco o diez años. ¿Aumentó la inversión? ¿Mejoró la recogida de residuos? ¿Se ampliaron las aceras, parques, mercados y caminos? ¿Crecieron los ingresos propios? ¿O simplemente aumentó el costo administrativo?

Crear municipios puede ser necesario en determinados territorios. Pero debe responder a evidencias y no únicamente a presiones políticas o aspiraciones locales. Crear autoridades resulta relativamente fácil. Construir instituciones capaces de transformar el territorio es la verdadera tarea.