Lula desde la cárcel: “Moro estaba decidido a condenarme antes incluso de recibir la denuncia de los fiscales”

Lula desde la cárcel: “Moro estaba decidido a condenarme antes incluso de recibir la denuncia de los fiscales”

El Supremo Tribunal Federal (STF) aplazó el examen de un pedido de “habeas corpus” para liberar al expresidente y que tenía que llevarse a cabo este martes.

En una carta escrita desde la cárcel de Curitiba, en el estado de Paraná, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva acusó al exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, de parcialidad a la hora de ejecutar su condena. “Estaba decidido a condenarme antes incluso de recibir la denuncia de los fiscales”, critica el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

“Mandó invadir mi casa y llevarme por la fuerza para declarar sin haberme citado nunca. Mandó intervenir mis llamadas telefónicas, las de mi mujer, las mis hijos y hasta las de mis abogados. Lo que es gravísimo en una democracia”, recuerda Lula.

En 2017, Moro condenó en primera instancia al exmandatario por corrupción y blanqueo de dinero en el caso de un triplex en el municipio de Guarujá. En 2018, Lula ingresó en la cárcel, donde actualmente cumple una condena de ocho años y 10 meses.

“Una denuncia inconsistente”
El líder petista explica que la denuncia era “tan falsa e inconsistente” que, para poder condenarle, Moro “cambió las acusaciones de los fiscales”. “Me acusaron de recibir un inmueble a cambio de favores pero, al ver que no era mío, me condenó diciendo que me fue ‘atribuido'”, recuerda en la misiva enviada a su exministro de Exteriores, Celso Amorim.

ula rechaza la idea de que una posible anulación de su condena implicaría invalidar el resto de decisiones tomadas en la Operación Lava Jato, que destapó un entramado de sobornos multimillonarios, dentro y fuera de gigante lationamericano, a cambio de adjudicaciones de contratos de obras públicas a través de la petrolera estatal Petrobras. “Para la Justicia cada caso es un caso”, señala.

El escrito de Lula se publicó poco antes de que el Supremo Tribunal Federal (STF) aplazase el examen del pedido de ‘habeas corpus’ para liberarle, y que estaba previsto celebrarse este martes. Su defensa solicitó sin éxito que el caso fuese prioritario, debido a la edad del exmandatario –tiene 73 años– y a que lleva 443 días encarcelado. Los abogados del expresidente presentaron la petición en 2018, año en el que Lula fue encarcelado y también en el que Moro aceptó el cargo de ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro.

“Si alguien aún tenía alguna duda sobre de qué lado el juez siempre estuvo y cuál era el motivo de mi persecución, las dudas terminaron cuando aceptó ser ministro de Justicia del Bolsonaro. Toda la verdad se aclaró: fui acusado, juzgado y condenado sin pruebas para no disputar las elecciones”, asevera.

Un juicio justo
El petista afirma que sus abogados recurrieron ante el Supremo Tribunal Federal para que pueda tener un proceso y un juicio justo. “Lo que nunca tuve en manos de Sergio Moro”, asegura, mientras añade que “mucha gente poderosa en Brasil y hasta de otros países quiere impedir esta decisión o continuar aplazándola”.

Lula matizó que sus abogados presentaron el ‘habeas corpus’ en 2018, mucho antes de que el portal The Intercept Brasil filtrase las conversaciones entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato que han generado un ‘tsunami’ político en Brasil y han puesto en tela de juicio la imparcialidad del juez.

“Intentan confundir diciendo que mi caso solo podría ser juzgado después de que se investiguen los mensajes entre Moro y los fiscales divulgados en los últimos días. Nosotros entramos en acción en noviembre del año pasado, mucho antes de que los periodistas de The Intercept publicasen esas noticias. Ya presentamos pruebas suficientes de que el juez es sospechoso y no fue imparcial”, concluye.

La semana pasada, en una comparecencia en el Senado, Moro, que no confirmó la autenticidad de los chats, acusó a “un grupo criminal estructurado” de filtrar los mensajes con el objetivo –dijo– de “invalidar condenas por corrupción y lavado de dinero” y “obstaculizar investigaciones” que todavía están en marcha.

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