Ley de Compras comienza a aplicarse con pena de cárcel para servidores públicos que realicen tratos con el Gobierno.
La nueva legislación de Contrataciones Públicas, que reemplaza completamente la ley de 2006, comenzará a aplicarse el miércoles, tras más de seis meses de haber sido ratificada por el presidente Luis Abinader. Carlos Pimentel, responsable del organismo de Contrataciones Públicas, anunciará el reglamento correspondiente este martes. Esta reforma, discutida en el Congreso desde 2021, incluye penas de hasta cinco años de prisión para funcionarios y legisladores involucrados en negociaciones con el Estado y afecta también a empresarios y contratistas que cometan actos de corrupción.
La ley, que aborda problemas de la anterior legislación, establece sanciones penales para prácticas corruptas y para quienes proporcionen información falsa o incurran en tráfico de influencias. El artículo 234 impone penas de dos a cinco años de prisión para funcionarios involucrados en negocios con el Estado y hasta 10 años para contratistas que ofrezcan sobornos.
El texto también obliga a las instituciones a adquirir productos y servicios a través de una plataforma en línea llamada Tienda Virtual, y limita las contrataciones por separado relacionados con un mismo bien o servicio a un período de tres meses. Se establece el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, y cualquier contratación fuera de este sistema no tendrá reconocimiento legal. La implementación de esta nueva ley fue prioritaria para Abinader, quien solicitó rapidez en su aplicación, aunque enfrentó retrasos en su aprobación en el Congreso.
