La ONU emite un informe que acusa a la justicia venezolana de “graves violaciones de los derechos humanos” y Caracas responde

La ONU emite un informe que acusa a la justicia venezolana de “graves violaciones de los derechos humanos” y Caracas responde

El Fiscal general de Venezuela calificó el documento como un “un panfleto biliar” pagado por el “disuelto” Grupo de Lima para ofender a fiscales y jueces.

La Misión Internacional Independiente de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), que estudia las situación de los derechos humanos en Venezuela desde el año 2014, indicó este jueves que en el país suramericano existirían “recurrentes violaciones al debido proceso”, generadas presuntamente por “un sistema de justicia carente de independencia”.

“Existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales”, declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión, citada en la web del Consejo de DDHH de la ONU.

Por su parte, Francisco Cox Vial, miembro de la misión aseguró que “la abrumadora mayoría de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes” que documentaron “contra opositores del gobierno”, no se han traducido en “investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas” de “todos los presuntos responsables”.

Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracastsj.gob.ve

La conclusión de los investigadores fue presentada en un segundo informe que señala “las deficiencias del sistema de justicia”, que crearían supuestamente “un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno desde 2014”.

El documento se suma a un primer análisis, publicado en septiembre de 2020, que advertía sobre “motivos razonables” para creer que las autoridades venezolanas habrían “planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos”, que “constituyen crímenes de lesa humanidad”.

La Misión también asegura que esta vez evaluó casos de 2020, que involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que presuntamente habrían sometido “a detenidos de ambos sexos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales”.

“Irregularidades” en el Poder Judicial

Según el estudio, existen “irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal” y fundamentan la conclusión en 177 entrevistas a actores del sistema de justicia, exjueces y opositores.

En esta ocasión, los técnicos aseguran que encontraron “motivos razonables para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia” y señalan que “una docena de nuevas leyes y resoluciones han afectado a la independencia del sistema de justicia”.

Además, consideran que “el nombramiento de jueces y juezas provisionales por parte del Tribunal Supremo de Justicia, en contraposición a jueces y juezas de carrera, le ha permitido efectuar nombramientos y destituciones sobre la base de consideraciones personales o políticas inapropiadas”.

El análisis sobre la Fiscalía

Según el estudio, en 2018, el actual fiscal general de Venezuela “eliminó el proceso de selección por concurso público de fiscales y declaró que todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público ocupan ‘cargos de confianza’, por lo que sus nombramientos y destituciones son discrecionales”.

Para la misión de la ONU, eso implica que ese sistema no actúa como contrapeso y por ello, habría facilitado la comisión de violaciones de DDHH y “contribuido a la impunidad”. 

Sede del Ministerio Público en Caracaswikipedia.org

“El sistema de justicia de Venezuela necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos y todas las venezolanas, de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, agregó Cox.

La misión informó que el próximo 24 de septiembre presentará estas conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos; y, para marzo y septiembre de 2022, ofrecerá otros análisis.

Un “pseudo informe” pagado

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, reaccionó al mencionado documento y dijo que se trataba de un “pseudo informe” pagado por Grupo de Lima, al que acusó de contratar una “mision ad hoc” integrada por tres personas, que cobran unos “5 millones de dólares” cada una, para “ofender y mancillar el trabajo de funcionarios, jueces, fiscales y demás trabajadores” del sistema de justicia venezolano.

En declaraciones televisadas, Saab rechazó “de manera contundente” el referido informe y dijo que se trataba de “un panfleto biliar” para atacar al sistema de justicia venezolano y poner en duda el trabajo diario que realizan sus trabajadores, en medio de la pandemia del covid-19 y las dificultades diarias vinculadas a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. y la Unión Europea.

“El Grupo de Lima, un grupo ya disuelto pero que sigue ofendiendo la institucionalidad democrática venezolana, actúa siempre en momentos en donde el país avanza hacia el encuentro de los contrarios, hacia un diálogo fecundo, hacia una labor de pacifiación de conciliación, de privilegiar el voto por encima de la violencia”, señaló.

Saab resaltó que el sistema de justicia venezolano presenta “cifras demoledoras” relacionadas a la aplicación de condenas contra agentes del Estado que han perpetrado crímenes contra los derechos humanos, y que están reflejados en más de 150 sentencias firmes, en las que el Ministerio Público y el Poder Judicial demuestran la lucha contra la impunidad.

En ese sentido, manifestó que “es lamentable” que la “misión ad hoc” no haya tomado en cuenta estos avances y tampoco se haya referido a los planes de magnicidio, la incursión mercenaria e intentos de golpe ejecutados por el sector radical de la oposición.

“¿Qué esperaba la comisión ad hoc que se hiciese?, ¿qué esperaban?, ¿que no se actuara?, ¿cómo se puede llamar a las personas detenidas por esos hechos?, ¿son personas pacíficas?, ¿qué se puede decir sobre los grupos armados en Altamira?, ¿cómo se les llaman?, ¿agentes de la libertad? No nos parece”, acotó el Fiscal.

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