La Audiencia Nacional absuelve a los exdirectivos de Mercasa acusados de sobornos en Angola
En una sentencia de gran relevancia jurídica emitida este 28 de abril de 2026, la Audiencia Nacional de España ha dictado la absolución de los antiguos directivos de la empresa pública Mercasa, quienes estaban acusados de haber pagado sobornos a autoridades de Angola para la construcción de un mercado mayorista en Luanda. Tras un extenso proceso judicial, el tribunal ha determinado que no existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones de corrupción en transacciones internacionales.
La resolución pone fin a uno de los casos más mediáticos relacionados con la gestión de empresas estatales españolas en el extranjero, centrando su argumento en la falta de acreditación de los delitos imputados por la Fiscalía.
Los puntos clave de la sentencia de absolución incluyen:
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Insuficiencia Probatoria: El tribunal concluyó que el Ministerio Fiscal no logró demostrar que los pagos realizados a consultores y agentes en Angola tuvieran como destino final el soborno de funcionarios públicos para obtener el contrato.
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Naturaleza de los Contratos: Los magistrados señalaron que los servicios de consultoría facturados por Mercasa en el país africano, aunque bajo sospecha durante la instrucción, se ajustaban formalmente a la legalidad y no se pudo probar su carácter ficticio.
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Ausencia de Perjuicio al Patrimonio Público: La sentencia también descarta el delito de malversación, al no haberse acreditado que los directivos utilizaran fondos públicos de manera ilícita o en beneficio propio durante la ejecución del proyecto en Luanda.
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Impacto en la Reputación de Mercasa: La absolución supone un alivio institucional para la empresa pública española, que se vio envuelta en este escándalo desde que se iniciaron las investigaciones en 2017.
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Contexto de la Operación: El proyecto bajo sospecha consistía en la creación de una infraestructura comercial en la capital angoleña valorada en más de 500 millones de dólares, una operación que fue clave para la expansión de la ingeniería española en África en su momento.
Esta decisión de la Audiencia Nacional marca un precedente importante en la persecución de delitos de corrupción internacional, subrayando la alta exigencia de carga probatoria necesaria para condenar por prácticas irregulares en mercados extranjeros durante este 2026.
