Juristas analizan casos mediáticos y alertan sobre riesgos del nuevo Código Penal
SANTO DOMINGO, RD.- Los juristas Santelises Vila y Altagracia Capellán expusieron su visión sobre dos casos que han generado amplia atención pública: la muerte de “Zaza Retro” a manos de Alex Paquete en el establecimiento MG Kitchen, y la detención de un periodista en el destacamento policial de Naco. También advirtieron sobre posibles riesgos que el nuevo Código Penal representaría para la libertad de prensa en el país.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el programa VISIÓN RDN, que conduce el comunicador Ariel Lara, con la producción de Josefa Díaz.
En relación al caso de MG Kitchen, Santelises Vila explicó que, desde el punto de vista jurídico, Alex Paquete inició como víctima de una agresión, pero terminó convirtiéndose en victimario al responder con un disparo letal, lo que califica como legítima defensa desproporcionada. A su juicio, el acusado podría enfrentar una condena suspendida si asume responsabilidad y cuenta con una defensa penal efectiva, aunque reconoció que la situación está marcada por un trasfondo pasional previo al hecho.
Por su parte, Altagracia Capellán calificó como detención ilegal la retención del periodista en el destacamento de Naco, señalando que se violaron los artículos 40, 49 y 69 de la Constitución al mantenerlo más de 48 horas sin acceso a abogado ni comunicación con su familia. Añadió que este tipo de prácticas podrían ser impugnadas incluso ante el Tribunal Constitucional.
Sobre el nuevo Código Penal, ambos juristas coincidieron en que la reforma era necesaria para modernizar el sistema penal dominicano, pero denunciaron disposiciones que podrían limitar la libertad de expresión, incluyendo sanciones por publicaciones satíricas o “memes” contra funcionarios. Advirtieron que estas medidas podrían convertirse en una “ley mordaza” encubierta, contraria al artículo 49 de la Constitución, y afectar directamente a comunicadores y humoristas políticos.
En su análisis, destacaron que el nuevo código —que entrará en vigor en agosto de 2026— contiene penas más severas y acumulativas, pero deja fuera temas como las tres causales en materia de interrupción del embarazo, lo que calificaron como una deuda pendiente con los derechos de las mujeres.
