El Ministerio Público ha confiscado propiedades de lujo a los imputados en el caso Guepardo.
SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público ha llevado a cabo la incautación de diversos bienes pertenecientes a los implicados en estructuras criminales dedicadas a estafas inmobiliarias, que han causado pérdidas millonarias a numerosas víctimas. Esta acción forma parte de las investigaciones en curso relacionadas con los casos Nido y Guepardo, que están actualmente en manos de la justicia.
Este fin de semana, las autoridades realizaron seis incautaciones de inmuebles vinculados a los sospechosos de la red de estafa electrónica en el caso Guepardo, con un valor que supera los tres millones de dólares. Las propiedades fueron adquiridas en zonas exclusivas y lujosas de Bávaro, Verón y Punta Cana por Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux, identificados como los cabecillas de la organización, y Marisol Nova Nolasco, representante de la empresa fachada Novasco Real Estate SRL. , que fue utilizada, junto con REMAX ONE, para llevar a cabo los ilícitos.
Las incautaciones, realizadas por el equipo del Ministerio Público, se fundamentaron en las investigaciones que revelaron la incapacidad de los implicados para justificar la adquisición de dichos inmuebles, por lo que estos han sido puestos bajo la administración de la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados.
Además, las autoridades de República Dominicana están a la espera de la extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova, quien fue arrestada en Colombia cuando intentaba cruzar hacia Venezuela, específicamente por Cúcuta.
En otro caso relacionado con estafas inmobiliarias, se sigue el proceso judicial contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros acusados en la red Nido, que estafaron a aproximadamente 144 personas ofreciendo viviendas en proyectos inmobiliarios ficticios mediante diversas maniobras fraudulentas.
Rivera Ledesma, junto con otros cómplices, diseñó un esquema inmobiliario fraudulento que abarcaba estafas, falsificación, asociación delictiva y lavado de activos, afectando gravemente a las víctimas que adquirieron propiedades a través de siete proyectos que nunca se materializaron, dejándolas sin hogar y sin el dinero invertido.
Una vez que se descubrió la trama, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma intentó llevar a cabo acciones para disuadir a las víctimas de presentar querellas en su contra o para que retiraran las denuncias ya interpuestas.
