¿El CES fue eliminado y no nos avisaron?
enfoque
Quizá en un decreto secreto, en una sesión oculta del Congreso Nacional o tal vez en un grupo de WhatsApp del que no sabemos, se decidió que el Consejo Económico y Social (CES) ya no era necesario. Decidimos esto al ver su casi inexistente rol en los últimos años, pareciera que fue disuelto sin siquiera darnos la cortesía de una nota de prensa.
Pero por el momento el CES sigue ahí… al menos en la teoría. Ese espacio que, por mandato constitucional, se supone que es el escenario de los grandes consensos nacionales, donde se debaten los temas cruciales para la gobernabilidad y la democracia. Su existencia está consagrada en el artículo 251 de la Constitución de la República Dominicana, que establece su papel como órgano consultivo para la concertación social y el desarrollo económico. Además, su funcionamiento está regulado por la Ley No. 142-15, la cual le otorga un marco legal claro para mediar en los grandes temas nacionales.
Ese mismo CES que, cuando la crisis político-electoral de 2020 golpeó al país con la suspensión de las elecciones municipales, sirvió como plataforma para lograr un acuerdo sobre nuevas fechas y condiciones para los comicios. Un pequeño detalle que, por si acaso alguien lo olvidó, ayudó a evitar un colapso institucional. Curiosamente, muchos de los actores del gobierno actual, cuando eran oposición, acudieron al CES buscando soluciones en ese momento de crisis. Más hoy, que están en el poder, prefieren ignorar su existencia y dejarlo en el olvido.
Mientras tanto, temas de gran relevancia nacional como la reforma fi scal, el código laboral y la reforma a la ley de seguridad social siguen estancados por falta de consenso. Temas que, en un país que funcione correctamente, deberían estar siendo debatidos y acordados en el CES, como corresponde a un órgano creado precisamente para facilitar estos procesos. Pero, en lugar de utilizar este espacio para construir soluciones, se prefiere el envío directo y sin consenso al Congreso Nacional, que con su configuración actual se percibe como una imposición unilateral o la inacción total.
Penosamente, en este momento pareciera que el CES es solo un membrete bonito en algún papel oficial, una estructura en stand by que esta administración ha decidido subutilizar al extremo. O peor, ignorar por completo. A lo mejor en el Palacio han encontrado un método más efi ciente para manejar las crisis: esperar que se resuelvan solas o, en su defecto, apostar al cansancio ciudadano.
El CES no es un capricho de nadie. Su existencia y función emanan de la Constitución y el marco jurídico del país, con un mandato claro para facilitar el diálogo entre los sectores público, privado y la sociedad civil. Pero, ¿de qué sirve un mecanismo diseñado para generar consensos si el gobierno de turno lo ignora deliberadamente?
Quizá la estrategia es mantenerlo en un coma inducido para que nadie se acuerde de su utilidad. Y de esta forma, ante las crisis latentes y los desafíos estructurales del país, habrá que preguntarse si este silenciamiento del CES no es, en realidad, una estrategia peligrosa. Porque cuando falte un espacio institucional donde dirimir conflictos, no quedará más remedio que la improvisación, el desorden o, peor aún, la confrontación.
Por ahora, seguiremos atentos, esperando alguna señal de vida del CES, o al menos, una confirmación oficial de su deceso. Porque si ya lo enterraron y no nos dijeron, al menos que nos inviten al novenario.