El Gobierno de España ha desclasificado documentación que acredita el espionaje con el software israelí Pegasus al que fue sometido el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, cuando todavía era vicepresidente del Gobierno regional, durante los años 2019 y 2020. El Ejecutivo envió al juez que investiga el caso los tres autos del Tribunal Supremo que autorizaron al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el espionaje de los dispositivos de Aragonés.
En los documentos aparece como motivación la sospecha de que el líder independentista dirigía desde la clandestinidad las actividades de los Comités de Defensa de la República (CDR), según informa la televisión pública.
Los CDR fueron grupos creados en 2017 para proteger las escuelas de las intervenciones policiales, durante la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal del 1 de octubre de ese año, pero tomaron relevancia dos años después, en las protestas contra la sentencia que condenó a varios líderes independentistas por su participación en la organización de esa consulta y la posterior declaración unilateral de independencia.
La investigación comenzó después de que Aragonés denunciara ante los tribunales el espionaje que había sufrido. Con los documentos aportados ahora se sabe que el magistrado del Supremo encargado del control del CNI lo avaló por primera vez, para un plazo de tres meses, en julio de 2019, y posteriormente dio luz verde a dos prórrogas, la primera en octubre de ese mismo año y la segunda en enero de 2020.
Esos tres autos se han remitido un día antes de que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, deba declarar este viernes en el juzgado por esta causa.
La exfuncionaria fue cesada poco después de que estallara el escándalo del espionaje con Pegasus a políticos y otras personas del ámbito independentista y es el único cargo gubernamental imputado por este caso.
Fuentes del Gobierno, como las recogidas por El Español, sostienen que se trata de operaciones iniciadas por el CNI antes de que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia del Gobierno, en julio de 2018, aunque los documentos aportados pertenecen ya a su mandato.
Por su parte, el presidente catalán ha acusado este viernes al CNI de mentir en la petición enviada al juez en 2019 para que autorizase la intervención de sus dispositivos.
«Están llenos de falsedades, son incompletos, y se ha intentado justificar, con argumentos falsos, la invasión de mi privacidad, de mis comunicaciones, de mi vida y de mi actividad política e institucional, en base a unos argumentos absolutamente inverosímiles», ha afirmado Aragonés este viernes ante los medios.
Más duro aún ha sido el viceconsejero catalán de Estrategia y Comunicación, Sergi Sabrià, del mismo partido que Aragonés, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), al asegurar que la documentación aportada es «basura política» llena de invenciones y sin ninguna justificación ni prueba.
«Evidentemente que Aragonés no lideraba los CDR», recalcó en una entrevista en Ser Catalunya.