Los desalojados en El Seibo intensificaron sus protestas en septiembre de 2026 para exigir respuestas institucionales por la destrucción de sus viviendas. Más de sesenta familias afectadas realizaron una marcha y una vigilia con velas en el parque Duarte para denunciar la falta de justicia y la impunidad en torno a las demoliciones ejecutadas en el sector Villa Guerrero.
Desalojados en El Seibo exigen investigación del Abogado del Estado
Un año después del violento desalojo nocturno que dejó en la calle a decenas de parceleros y comunitarios, las víctimas se concentraron en el espacio público del municipio cabecera. Durante la manifestación pacífica, los afectados portaron velas y leyeron un manifiesto donde denunciaron que ninguna autoridad competente se ha acercado para ofrecer soluciones habitacionales ni para sancionar a los responsables materiales del derrumbe de 60 viviendas y un templo religioso.
Los voceros del movimiento ratificaron que la intervención armada del año anterior se llevó a cabo sin la presentación de una orden judicial formal emitida por el Abogado del Estado y sin la presencia obligatoria de un fiscal institucional. Según el documento presentado por la comunidad, el desalojo fue ejecutado mediante el uso de palas mecánicas y un contingente de personas armadas que destruyeron sus pertenencias familiares en medio de la madrugada.
Las familias marcharon previamente por las principales calles de la ciudad hasta concentrarse en la plaza central para demandar el cumplimiento del debido proceso. Los manifestantes reiteraron que el Estado dominicano debe ofrecer explicaciones claras e identificar la cadena de mando que ordenó el operativo irregular.
De acuerdo con las informaciones recopiladas por el periódico El Día, las víctimas se mantienen desamparadas y sin recibir respuesta oficial a sus reclamos legales.
La protesta pacífica buscó llamar la atención del Poder Ejecutivo para evitar que el caso quede sepultado por la burocracia judicial.
Crisis habitacional y falta de respuestas institucionales
La vulnerabilidad que enfrentan los desalojados en El Seibo refleja la debilidad de las garantías legales sobre la propiedad y el derecho a la vivienda digna en las provincias del este del país. La falta de compensación o reubicación ha sumergido a decenas de familias en una grave precariedad económica, obligándolas a depender de la solidaridad comunitaria.
Representantes de organizaciones de derechos humanos e instituciones eclesiásticas locales han respaldado el reclamo de los parceleros, instando a la Procuraduría General de la República a acelerar las investigaciones administrativas. La impunidad con la que operan ciertos grupos de la zona genera profunda incertidumbre entre las comunidades agrícolas del municipio.
Analistas sociales señalan que el conflicto de terrenos en Santa Cruz de El Seibo requiere una mesa de diálogo permanente donde participen las autoridades gubernamentales y la dirigencia comunitaria. Garantizar la restitución de los derechos conculcados resulta clave para pacificar el clima social en la provincia.
Los afectados prometieron continuar con las jornadas de protesta pacífica hasta obtener una solución concreta por parte del Estado. El seguimiento al caso legal se mantendrá durante las próximas semanas.
¿Consideras que el Gobierno central debería intervenir de inmediato para reubicar a las familias afectadas por desalojos irregulares? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Análisis y actualidad sobre derechos humanos y desarrollo comunitario
Este reportaje audiovisual muestra el testimonio directo de las familias afectadas y el clamor de justicia tras la destrucción de sus viviendas en Villa Guerrero, lo que ayuda a comprender la magnitud humana del conflicto en la comunidad
