Caso Cobra: la Fiscalía se apresura para presentar la solicitud de prisión antes de las 7:30 de la noche.
Cuando el reloj indique las 7:30 de la noche de este lunes, se habrá cumplido el tiempo límite. Hasta ese instante, el Ministerio Público debe presentar la solicitud de medida de coerción contra los involucrados en la supuesta red de corrupción del caso Cobra, antes de que expiren las 48 horas que establece el Código Procesal Penal.
Todo inició el sábado por la noche: alrededor de las 7:30 p. m. , se realizó la primera detención tras una extensa jornada de interrogatorios. A partir de ese momento comenzó a contar el tiempo procesal que actualmente mantiene la atención del país.
La procuradora adjunta Mirna Ortiz y el procurador adjunto Wilson Camacho, responsables de la Pepca y de la Dirección de Persecución, han liderado los interrogatorios, las incautaciones y las diligencias en búsqueda de pruebas que sustenten la acusación. El tiempo es una presión constante. Si la solicitud de coerción no se presenta este lunes antes de las 7:30 de la noche, los acusados deberán ser liberados, tal como lo indica el Código Procesal Penal.
La petición deberá ser registrada en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se espera que la audiencia se lleve a cabo el martes a las 9:00 de la mañana. En ese lugar, el Ministerio Público expondrá lo que considera un esquema sistemático de corrupción que habría funcionado dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Los acusados en este caso son: Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo; y Ada Ledesma Ubiera.
Según la investigación, este grupo habría causado un fraude a la ARS estatal por miles de millones de pesos mediante métodos que incluyen pagos inapropiados, desvío de fondos y trucos contables. Mientras tanto, otras personas, tanto físicas como jurídicas, siguen bajo investigación para posibles futuras judicializaciones. Los cargos iniciales abarcan coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de criminales, soborno, estafa al Estado, malversación, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de dinero.
El Ministerio Público afirma haber reunido pruebas de sobornos a gran escala, alteración de informes financieros y creación de programas sin base legal, que, según se alega, se utilizaron para desviar recursos públicos y mantener una red de corrupción sostenida desde la dirección de SeNaSa, con la participación de funcionarios y proveedores de servicios de salud.
Mientras la ciudad se encamina hacia el final de la tarde, en la Procuraduría todo se maneja con una precisión extrema. Cada documento, cada firma y cada minuto son cruciales. Porque cuando el reloj indique las 7:30, ya no habrá posibilidad de error.
