BOLIVIA BAJO PRESIÓN: LA CENTRAL OBRERA DESAFÍA A ARCE EN EL QUINTO DÍA DE PROTESTAS POR EL «GASOLINAZO»
Bolivia atraviesa una de sus crisis sociales más agudas de los últimos años al cumplirse el quinto día consecutivo de protestas masivas tras la decisión del gobierno de Luis Arce de eliminar la subvención a los combustibles. La Central Obrera Boliviana (COB), históricamente aliada del oficialismo, ha roto lanzas con el Ejecutivo y lidera un desafío abierto en las calles, exigiendo la restitución inmediata de los subsidios. Esta medida económica, calificada por el gobierno como «necesaria para sanear las arcas del Estado», ha desatado una ola de bloqueos y movilizaciones que mantienen paralizadas las principales arterias del país.
El malestar social se ha extendido rápidamente desde los sectores del transporte hasta los gremios de trabajadores y campesinos, quienes denuncian que el encarecimiento de la gasolina y el diésel ha provocado un efecto dominó en el precio de la canasta básica. En ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, los mercados reportan un desabastecimiento parcial y una inflación acelerada, lo que ha exacerbado la indignación popular. La COB ha advertido que no aceptará «pañitos de agua tibia» y ha convocado a una huelga general indefinida si el gobierno no da marcha atrás con el decreto.
Desde el Palacio Quemado, el presidente Luis Arce ha defendido la eliminación del subsidio argumentando que el país ya no puede sostener el costo de la importación de carburantes, el cual representa un drenaje masivo de divisas. El gobierno sostiene que mantener la subvención beneficia principalmente al contrabando y a los sectores con mayores recursos, perjudicando la inversión en salud y educación. Sin embargo, la narrativa oficial no ha logrado calmar los ánimos de una población que percibe la medida como un «golpe mortal» a la economía familiar en un contexto de escasez de dólares.
Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden se han intensificado en puntos estratégicos de las carreteras, donde la policía ha utilizado gases lacrimógenos para intentar despejar los bloqueos. Los dirigentes obreros han denunciado una «represión desmedida» y han instalado vigilias permanentes, asegurando que la movilización no se detendrá hasta que se firme un compromiso vinculante que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores. El sector productivo advierte que, de continuar el bloqueo de rutas, las pérdidas económicas podrían ser irreversibles para la temporada agrícola.
Analistas políticos señalan que este conflicto pone a prueba la gobernabilidad de Arce en un momento de fragilidad interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). La presión de la COB representa una fractura significativa en la base social del gobierno, lo que podría obligar al Ejecutivo a buscar una salida negociada que incluya medidas compensatorias o una implementación gradual del ajuste. Mientras tanto, la Iglesia Católica y otros organismos han hecho un llamado al diálogo urgente para evitar que la violencia escale y derive en una crisis humanitaria mayor.
Con el país semiparalizado y la tensión en aumento, las próximas horas serán determinantes para el futuro del «gasolinazo» boliviano. La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, temiendo que la inestabilidad política en la nación andina afecte la integración energética regional. Por ahora, el pulso entre la Central Obrera y el gobierno de Arce se mantiene en un punto muerto, con una población atrapada entre la necesidad de reformas económicas y el temor a un empobrecimiento inminente.
