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Bajo la Lupa: Imputan a Manuel Adorni por Enriquecimiento Ilícito y Malversación
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Imputación Formal: El 27 de marzo de 2026, el fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal contra Adorni. La causa, que ahora está en manos del juez Ariel Lijo, investiga presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.
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Inconsistencias Patrimoniales: El punto central de la investigación son las discrepancias en sus declaraciones juradas. Se detectó un presunto incremento patrimonial del 500% en un solo período fiscal. Entre los activos bajo sospecha figura una vivienda no declarada de dos plantas en el exclusivo country Indio Cuá Golf Club, valorada entre USD 130,000 y USD 250,000.
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Escándalo de los Vuelos: La Justicia investiga dos viajes específicos realizados en las últimas semanas:
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Nueva York: Adorni incluyó a su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial utilizando el avión presidencial. Aunque él alega que los gastos de ella fueron privados, la Justicia busca confirmar si hubo uso indebido de recursos del Estado.
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Punta del Este: Un viaje en avión privado durante el fin de semana de Carnaval. Una testigo clave, Vanesa Tossi, declaró que el vuelo fue pagado por el periodista Marcelo Grandio y que se habría solicitado no emitir factura, lo que podría configurar el delito de dádivas.
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La Respuesta de Adorni: Visiblemente irritado durante sus recientes ruedas de prensa, Adorni ha rechazado las acusaciones, calificándolas de «operaciones periodísticas». Su defensa sostiene que el incremento de su deuda y patrimonio se debe a préstamos familiares legítimos (mutuos) con su madre y una tía por montos superiores a $16,000,000.
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Respaldo de la Casa Rosada: A pesar del avance judicial, Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia) publicó un mensaje de apoyo total a Adorni en la red social X, asegurando que su integridad permanece intacta frente a lo que consideran ataques de la «vieja política».
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Medidas de Prueba: La fiscalía ha ordenado 12 medidas de prueba, incluyendo el allanamiento de registros de vuelos, pedidos de informes a la Oficina Anticorrupción y el rastreo de sociedades y activos financieros tanto en Argentina como en el exterior.

