La batalla legal de Duterte: el futuro incierto del ex presidente filipino tras su arresto
El ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se enfrenta a un panorama incierto luego de ser arrestado este martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, en cumplimiento de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Acusado de cometer crímenes contra la humanidad por su violenta campaña antidrogas, el ex líder podría ser extraditado a La Haya (Países Bajos) para enfrentar juicio.
Duterte, de 79 años, fue capturado al regresar de Hong Kong, donde participó en un evento electoral previo a las elecciones de mayo de 2025.
Su asistencia al acto suscitó rumores sobre una posible fuga para eludir la detención. Durante su discurso ante miles de filipinos expatriados, defendió nuevamente su guerra contra las drogas y afirmó estar preparado para ir a prisión.
En este momento, el ex presidente se encuentra bajo la custodia de las autoridades filipinas mientras se determina su futuro legal y político.
Duterte forjó su carrera con un discurso populista y confrontativo en contra de las élites, la Iglesia católica y las potencias occidentales. Como alcalde de Davao, desde finales de la década de 1980 hasta 2016, aplicó un enfoque severo contra el crimen, que incluyó la utilización de escuadrones de la muerte. Se estima que en su ciudad natal fueron asesinadas extrajudicialmente alrededor de 1. 000 personas, en su mayoría pertenecientes a sectores empobrecidos. Un ex agente de policía que desertó de su círculo cercano declaró a The Associated Press que hasta 10. 000 individuos perdieron la vida a manos de escuadrones de la muerte compuestos por policías y civiles durante su administración. Esta brutalidad le valió los apodos de «El Castigador» y «Duterte Harry».
En 2016, Duterte ganó la presidencia prometiendo erradicar las drogas y la corrupción en seis meses, aunque nunca cumplió esa promesa. «A todos los que se dedican a las drogas. . . los voy a matar de verdad», afirmó en un mitin en Manila.
Su campaña generó críticas por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, lo que llevó a Duterte a insultar públicamente al entonces presidente Barack Obama y amenazar con cortar relaciones con Washington.
La Corte Penal Internacional investiga los crímenes cometidos durante la guerra antidrogas de Duterte desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 16 de marzo de 2019, período que incluye tanto su tiempo como alcalde de Davao como su presidencia. En 2019, el ex mandatario se retiró del Estatuto de Roma, intentando evitar la jurisdicción del tribunal. En 2021, su administración trató de frenar la investigación alegando que la justicia filipina estaba ya investigando los casos. Sin embargo, en julio de 2023, la CPI desestimó esa defensa y ordenó la reanudación del proceso.
La abogada Kristina Conti, quien presentó el caso ante la CPI, asegura que Duterte debe ser entregado a la corte lo más pronto posible.
“Cuando una persona es arrestada bajo una orden de la CPI, debe ser entregada a las fuerzas del orden de un Estado miembro y trasladada a La Haya lo más pronto posible”, afirmó Conti.
La responsabilidad de decidir sobre la extradición de Duterte recae en el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr. , quien fue su antiguo aliado y ahora se considera un adversario. A pesar de que Filipinas no es parte de la CPI, el país sí es miembro de Interpol, lo que permitiría la ejecución de la orden de arresto a través de una Notificación Roja, un mecanismo internacional de cooperación policial.
Hasta ahora, ni la CPI ni Interpol han confirmado oficialmente la existencia de la orden de arresto. No obstante, un político filipino relacionado con el caso comentó a AP que la CPI ya habría emitido la orden mediante Interpol, aunque solicitó permanecer en el anonimato debido a la delicadeza del asunto.
En caso de que Filipinas se niegue a llevar a cabo la extradición, Duterte podría ser juzgado en el país. Sin embargo, la CPI ya ha indicado que la justicia en Filipinas no ha realizado investigaciones efectivas sobre las ejecuciones extrajudiciales, lo cual motivó la reapertura del caso en 2023.
