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Manuel Jiménez V. Probablemente no hay dominicano que no recuerde con dolor y estupor el colapso del techo de la discoteca Jet Set, una tragedia que nos sacudió como sociedad y que dejó una estela imborrable de muerte y sufrimiento. Según la versión oficial del Ministerio Público, 236 personas perdieron la vida, 180 resultaron heridas y 130 niños quedaron huérfanos. Las cifras son tan abrumadoras que cuesta siquiera dimensionar el alcance humano de este hecho. Jet Set no era un simple centro de diversión. Era un símbolo del entretenimiento nocturno dominicano, un espacio que reunía a personas de todos los rincones del país y del extranjero. Allí confluían santiagueros, capitaleños, banilejos, romanenses, turistas de Punta Cana, venezolanos, haitianos, colombianos, costarricenses, estadounidenses. Era, en muchos sentidos, un reflejo de nuestra diversidad cultural y social. Y por eso, cuando su techo se desplomó, el dolor fue colectivo. Sin embargo, lo que siguió después de ese trágico ocho de abril fue casi tan doloroso como el colapso mismo: una investigación breve, una imputación endeble y una medida de coerción que, aunque legalmente justificada, dejó un sabor amargo de impunidad en la boca de toda una nación. El Ministerio Público, consciente de que el tipo penal elegido no conllevaría mayores consecuencias, prefirió una narrativa estridente, con declaraciones como que “esa gente siente desprecio por la vida humana”. Pero detrás de esas palabras altisonantes, el expediente depositado carece de la fuerza jurídica necesaria para una sanción ejemplar. A pesar de los testimonios que aseguraban que los propietarios —los hermanos Espaillat— fueron alertados varias veces sobre problemas estructurales en el techo, el tipo penal presentado sólo les genera una posible condena máxima de dos años de prisión. No se trata de venganza ni de buscar culpables a toda costa. Se trata de justicia. De construir una sociedad donde una pérdida tan grande no quede archivada en los expedientes del olvido. Pero, lamentablemente, el caso Jet Set se suma a la larga lista de desgracias dominicanas donde el lamento es colectivo y la rendición de cuentas brilla por su ausencia. ¿Dónde está el problema? En gran medida, en el ordenamiento jurídico dominicano. Seguimos sin un Código Penal actualizado, capaz de tipificar con precisión delitos que surgen de la negligencia empresarial o del desprecio por la seguridad humana en espacios públicos. El viejo código con el que aún operamos no contempla realidades como la de Jet Set, y por eso los fiscales, jueces y defensores se ven atrapados en un marco legal que no responde a las exigencias del presente. Es doloroso admitirlo, pero esta tragedia ha puesto de manifiesto que República Dominicana es un país donde muchas veces se llora más de lo que se exige. Lloramos a nuestras víctimas, nos indignamos, escribimos en redes sociales, pero no tenemos herramientas legales para garantizar que el llanto se convierta en justicia. La pelota está en la cancha del Congreso. Sólo la aprobación de un nuevo Código Penal nos permitirá salir de esta parálisis jurídica. Necesitamos leyes que protejan de verdad la vida de los ciudadanos, que establezcan responsabilidades claras para los propietarios de espacios públicos, que sancionen la negligencia con el peso que merece. Mientras tanto, la tragedia de Jet Set quedará como un símbolo de todo lo que está mal, de una institucionalidad débil, de una justicia a medias, de una sociedad que clama, pero no encuentra consuelo. No basta con llorar. Hay que legislar, porque si no lo hacemos ahora, será sólo cuestión de tiempo para que volvamos a contar muertos… sin responsables.

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