ATENCIÓN: Conflictos sociales latentes en lucha por áreas verdes

ATENCIÓN: Conflictos sociales latentes en lucha por áreas verdes

En la urbanización María del Mar, de Los Frailes, y en Villa Juana, de los Tres Ojos, las comunidades luchan por preservar sus centros deportivos comunitarios, que se encuentran en terrenos reclamados por empresas, pero considerados áreas verdes por el ayuntamiento

SANTO DOMINGO, RD.-  La regidora del Frente Amplio, Fe María Vicente, cuenta que acudió a un sector de San Isidro donde le informaron que unos vecinos trataban de defender su área verde. Al llegar, los encontró armados con palos. Le dijeron que no necesitaba quedarse. Ellos no seguirían las vías institucionales.

“Usted se puede ir, porque nosotros lo estamos esperando y cuando él venga, con esos papeles falsos, lo vamos a hacer ir, porque ya fuimos allá, al departamento correspondiente y no nos han hecho caso. Entonces vamos a tomar nuestra propia ley por nuestra propia mano”, le dijo uno de los vecinos, según narra la edil. Por otro conflicto relacionado con espacios públicos, la regidora tiene una orden de alejamiento en contra de una persona que la intentó agredir.

Ambos incidentes se produjeron este año, pero los temas relacionados con áreas verdes que encierran algún riesgo de conflicto social no son nuevos en el municipio.

En María del Mar, de Los Frailes, el Ayuntamiento y juntas de vecinos consideran área verde, y por tanto propiedad pública, un terreno utilizado como complejo deportivo comunitario. Pero, debido a un conflicto jurídico con la empresa inmobiliaria de la urbanización María del Mar, que ya dura unos 20 años, la comunidad se siente en riesgo permanente de perder su espacio de recreación, utilizado por 1,200 niños, adolescentes y jóvenes de forma permanente y como lugar de esparcimiento de los barrios cercanos, explica el administrador del complejo deportivo y dirigente social, Lépido Sánchez.

Sánchez señala que la comunidad siempre ha estado presente en la defensa del área verde: han asistido a los tribunales, incluso a El Seibo, donde fue enviado su caso este año, para lo que colectaron dinero entre vecinos y comerciantes de la zona. Han denunciado al Ayuntamiento los intentos de desalojo y se han enfrentado directamente a quienes intentan desalojarlos.

Conflicto y judicialización

“En 2001 vienen con las palas mecánicas, pero no logran entrar porque estábamos aquí todos. En el 99 vinieron y nos echaron 84 camiones de desperdicios, escombros, para que abandonáramos, buscamos palas, gente que nos ayudó, camiones… eso lo sacamos y seguimos trabajando”, dice Sánchez.

A diferencia de lo que ocurre en sectores como Prado Oriental, donde parte de la comunidad paga abogados particulares para pelear por sus espacios públicos, los vecinos de María del Mar han dejado la parte legal en manos del ayuntamiento, y están muy esperanzados en que al final ganarán, aunque hasta ahora el municipio no ha tenido éxito en los tribunales.

“El Ayuntamiento ha perdido tres sentencias en contra de ese proyecto, a favor de la señora Emilia. Pero nosotros entendemos también que fue mal llevado, porque debieron llevarlo en contra de María del Mar (proyecto inmobiliario), porque Emilia fue sorprendida en su buena fe por María del Mar. Ahora Emilia no quiere actuar en contra de María del Mar porque es esposa (del dueño de María del Mar). Hay una manipulación para engañar al municipio”, explica Julio César Terrero, consultor jurídico del Ayuntamiento.

Terrero se queja de que los tribunales no han podido entender el argumento del Ayuntamiento: particulares han intentado apropiarse de terreno público.

“María del Mar hace un trueque, le vende a la esposa del dueño los solares que son área verde, pero ¿qué pasa? Se lo venden en la parte de los farallones, que está declarada área protegida, al no poder ejecutarlo ahí, entonces van y lo ejecutan en los 6,000 metros que son del municipio. Le hemos invocado eso a los tribunales, detallado y no han entendido”, enfatiza Terrero, quien informa que el proceso está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia y afirma que el ayuntamiento llevará el caso al Tribunal Constitucional si fuera necesario.

En este complejo deportivo hay invertido dinero público: del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) y del Ministerio de Deportes. También se ha mejorado con aportes de la comunidad y donaciones de empresas nacionales.

En el proyecto Villa Juana de Los Tres Ojos ocurre algo similar. En la zona considerada área verde se construyó un estadio comunitario en el que el ASDE ha invertido recursos, pero sigue en litigio con la empresa Reparto Villa Juana SRL. La empresa intentó hacer un desalojo en el que se destruyó parte de una pared edificada por el ayuntamiento.

“Donde está el play del proyecto Villa Juana quieren construir unas tres o cuatro torres porque es muy grande, eso está en la séptima sala de la jurisdicción original. Eso estuvo en Litis.
También lo heredamos (de administraciones anteriores), y el tribunal había fallado sobreseyéndolo, hasta tanto las partes interesadas hicieran un levantamiento del terreno y nosotros como Ayuntamiento asumimos los gastos. Se hizo el levantamiento del terreno, y estamos a la espera de que el tribunal se pronuncie en cuanto a eso. Lo hicimos a comienzos de año y ahí también hay dos sentencias en contra del Ayuntamiento, una a favor del proyecto Villa Juana y una en contra de la junta de vecinos”, añade el consultor jurídico.

El representante jurídico de la empresa del proyecto Villa Juana, Franklyn Lugo, explicó a Ciudad Oriental en 2018 que no se querelló contra el Ayuntamiento, sino contra el síndico Alfredo Martínez, Odalís Pérez y otra persona identificada como “Chino”.

“Nosotros recuperamos nuestra propiedad privada, que teníamos 14 años en los tribunales reclamando el derecho”, dijo Lugo, quien también agregó que tienen cinco sentencias a su favor.

En la actualidad, la comunidad utiliza el complejo deportivo, a pesar de que aún quedan escombros de un desalojo que se intentó hacer y se paralizó ante las intervenciones de juntas de vecinos y del Ayuntamiento.

Entre tanto, la regidora Fe María Vicente alerta de que en la autopista de San Isidro, zona en constante crecimiento, ya se vislumbran nuevos conflictos, porque hay particulares que se apropian del espacio público para ampliar negocios y construir edificios, no solo áreas verdes, también aceras.

“Va a haber conflicto en San Isidro porque se están cogiendo las aceras”, sentencia la regidora.

El impuesto a la propiedad ¿solución para la ambición privada?

El director de Planeamiento Urbano de Santo Domingo Este, Ysidro Romano, explica que ya tiene casos de urbanizadores que se han acercado a formalizar donación de áreas verdes porque la Dirección General de Impuestos Internos ha intentado cobrarles impuestos a propiedades que aparecen a su nombre, pero que son del municipio.

“Hay áreas verdes registradas desde Juancito (Juan de los Santos) para acá, muchas de las que hicieron en el Distrito tienen sus títulos, pero están a nombre del dueño y lo tiene en una gaveta. Ahora hay un problema, Impuestos Internos está aplicando IPI (Impuesto al Patrimonio Inmobiliario), y ellos andan queriendo vender para engañar a alguien o queriéndola entregar al Ayuntamiento”.

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