La implementación de la factura electrónica genera una fuerte preocupación entre los pequeños empresarios, quienes solicitaron formalmente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) otorgar un plazo de gracia de 7 a 10 años para su aplicación obligatoria en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Durante un encuentro sectorial celebrado este martes en Santo Domingo, dirigentes comerciales advirtieron que la medida actual amenaza la supervivencia financiera de miles de establecimientos populares en todo el territorio nacional.
factura electrónica representa un reto financiero para Mipymes
La exigencia legal del uso de la factura electrónica implica costos operativos elevados que resulta imposible asumir para colmados, almacenes y pequeños comercios de barrio. Los representantes del gremio comercial señalaron que la compra de licencias de software, impresoras fiscales y la contratación de personal técnico especializado representan una carga económica desproporcionada para negocios con márgenes reducidos de ganancia.
Asimismo, los dirigentes explicaron que la falta de conectividad estable en diversas provincias del interior complica el cumplimiento oportuno de la norma fiscal. Los voceros del sector insisten en que el Gobierno debe establecer mesas de trabajo para adecuar los plazos a la realidad económica local.
Perspectivas y propuestas para la transición digital obligatoria
El análisis del panorama comercial revela que la factura electrónica busca transparentar el sistema tributario, pero requiere un proceso de acompañamiento gradual y capacitación previa para evitar el cierre masivo de pequeñas unidades productivas. Los comerciantes proponen que la administración tributaria subsidie los equipos tecnológicos iniciales y flexibilice las sanciones administrativas durante el periodo de adaptación.
Las organizaciones empresariales esperan una respuesta oficial de las autoridades en los próximos días para definir un calendario de implementación justo que proteja el empleo y la estabilidad económica del comercio tradicional dominicano.
¿Consideras que la DGII debería flexibilizar los plazos de la norma tributaria para proteger a las pequeñas empresas? Déjanos tu opinión en los comentarios.
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