Cada mañana, miles de dominicanos entregan una o dos horas de su vida a un tapón. No es una sensación: es un costo medible.

Un estudio del BID retomado por INTRANT calculó que la congestión en Santo Domingo genera 75 millones de horas perdidas al año —23 por habitante— con un impacto de US$180 millones, el 0.7 % del PIB capitalino. Sumado al costo sanitario la cifra que más circula en la prensa reciente no sorprende: el caos vehicular le cuesta al país hasta un 2 % de su producto interno bruto.

Detrás del dato económico hay una tragedia sostenida. Los reportes de OPSEVI e INTRANT muestran un promedio de tres muertes diarias por siniestros de tránsito, superando las 1,100 hacia julio de este año, concentradas en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia y Santiago. Exceso de velocidad, imprudencia y el uso inadecuado del casco —un dato que apunta directo a las motocicletas— explican la mayoría de los casos.

El diagnóstico estructural es conocido: el Gran Santo Domingo concentra el 45 % del parque vehicular del país, sin horarios escalonados ni transporte público suficiente para absorber una migración interna que lleva décadas concentrando población en la capital.

Lo alentador es que 2026 ha sido un año de movimiento real: el Corredor Independencia entró en operación, la Línea 2 del Metro se extendió, avanza el Teleférico de Santo Domingo Oeste y ya está en marcha un tren metropolitano con respaldo francés. INTRANT aspira a bajar el tiempo de viaje promedio de una hora y 15 minutos a 20 minutos hacia 2030. El operativo de movilidad de los Juegos Centroamericanos, además, demostró algo importante: gestionado con coordinación, el tránsito mejora sin esperar a que termine de construirse toda la infraestructura pendiente.

El reto no es sólo de cemento y rieles. Es de voluntad, disciplina vial y ritmo: que la inversión no siga corriendo por detrás de un parque vehicular que crece más rápido que las soluciones y que las violaciones tengan consecuencias reales y costosas para los infractores.