El caso de menores en Haina en 2026 generó intensas reacciones en la opinión pública dominicana tras el rescate de 14 niños en la Fundación Restaurando Vida. Ante los señalamientos por presunto maltrato y las precarias condiciones del centro, el pastor Ezequiel Molina Rosario afirmó que la responsabilidad principal recae sobre el Estado dominicano por no ejercer el control, fiscalización y acompañamiento técnico que requieren estas iniciativas sociales.
Ausencia de fiscalización institucional y vulnerabilidad de los centros comunitarios
El líder religioso sostuvo que el encargado de la fundación actuó con la intención de cobijar a niños en situación de orfandad y vulnerabilidad, pero reconoció que las condiciones del lugar no eran las adecuadas para la estancia infantil. Molina puntualizó que la falta de educación y recursos de los gestores particulares exige que las instituciones de protección a la niñez intervengan a tiempo antes de que los programas colapsen.
Según reporta el periódico El Día, los puntos centrales del debate institucional abarcan:
-
Falta de habilitación formal: El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) explicó que la entidad no contaba con la licencia de operación requerida, lo que evidencia vacíos en el monitoreo de albergues privados.
-
Fallos en el seguimiento estatal: La ausencia de inspecciones periódicas por parte de los organismos de protección pública permitió que el establecimiento operara al margen de los estándares mínimos de salubridad y seguridad.
-
Necesidad de acompañamiento: Molina enfatizó que, en lugar de abandonar estos proyectos, las autoridades deben guiar y capacitar a las personas de escasos recursos que asumen labores de beneficencia comunitaria.
Interrogantes sobre la protección infantil y el rol de las fundaciones
La investigación penal abierta por el Ministerio Público busca esclarecer las circunstancias exactas en las que se encontraban los menores rescatados. Sin embargo, el hecho ha abierto un amplio debate sobre el papel de las organizaciones sin fines de lucro en la República Dominicana y la efectividad de las redes estatales de protección a la infancia.
Diversos sectores de la sociedad civil coinciden en la urgencia de fortalecer los mecanismos de fiscalización para evitar que iniciativas particulares de asistencia social funcionen sin los controles exigidos por la ley.
¿Consideras que el Estado debe asumir la gestión directa de todos los albergues infantiles para garantizar el cumplimiento de la ley?
Te puede interesar: Noticias sobre sociedad, justicia, derechos de la niñez y políticas públicas en RD
