Hito político en Costa Rica: Rodrigo Chaves asumirá un doble rol ministerial en el gabinete de Laura Fernández
SAN JOSÉ, Costa Rica – En una decisión sin precedentes en la historia democrática del país, la presidenta electa Laura Fernández Delgado anunció que el actual mandatario, Rodrigo Chaves Robles, continuará sirviendo a la nación desde el Poder Ejecutivo tras el traspaso de mando. A partir del próximo 8 de mayo, Chaves asumirá la titularidad del Ministerio de la Presidencia con el recargo del Ministerio de Hacienda, consolidándose como una pieza central en la administración entrante.
Este nombramiento, calificado por diversos sectores como la creación de un «superministerio», busca garantizar la continuidad de las políticas económicas y la estabilidad de las finanzas públicas que marcaron el periodo 2022-2026. Fernández, quien triunfó en las elecciones de febrero bajo la bandera del Partido Soberano del Pueblo (PPSO), destacó que la experiencia técnica de Chaves y su conocimiento profundo del Estado son vitales para consolidar la ruta de desarrollo trazada por el actual gobierno.
La designación otorga a Rodrigo Chaves un rol estratégico en la coordinación del gabinete económico y en la relación directa con los demás poderes del Estado. Además, por la naturaleza de sus nuevas funciones, el mandatario saliente mantendrá el fuero de inmunidad hasta el año 2030, una medida que ha generado intensos debates entre las bancadas de oposición sobre el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas.
Desde el punto de vista operativo, este movimiento administrativo pretende optimizar la toma de decisiones al unificar bajo una misma figura el manejo político y la gestión presupuestaria del país. Con esta estructura, la administración de Laura Fernández —la segunda mujer en presidir la República— apuesta por un modelo de gobernanza directa y eficiente para enfrentar los retos fiscales y sociales del próximo cuatrienio.
El anuncio marca el inicio de una transición fluida hacia el nuevo periodo constitucional, reafirmando el compromiso del oficialismo por mantener la firmeza en la ejecución pública y la estabilidad institucional que ha definido su visión de Estado.
