ALIANZA ESTRATÉGICA EN BOLIVIA: COCALEROS SE UNEN A LA CENTRAL OBRERA CONTRA EL DECRETO 5503
La crisis social en Bolivia ha escalado a un nuevo nivel de complejidad tras el anuncio oficial de que las federaciones de productores de coca se han sumado formalmente a las movilizaciones lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB). Esta alianza, consolidada en el sexto día de protestas, tiene como objetivo principal forzar al gobierno de Luis Arce a derogar el Decreto Supremo 5503, el cual elimina la subvención a los combustibles. La incorporación de los cocaleros, conocidos por su capacidad de movilización y control de rutas estratégicas, representa el desafío más severo para la estabilidad del Ejecutivo desde el inicio de la actual gestión.
El ingreso de las poderosas federaciones del Trópico de Cochabamba y de los Yungas de La Paz a la protesta ha generado una parálisis casi total en el eje central del país. Los dirigentes cocaleros han declarado que la eliminación del subsidio es una «sentencia de muerte» para la producción agrícola, debido al incremento inmediato en los costos de transporte y maquinaria. Con el respaldo de la COB, los manifestantes han radicalizado los puntos de bloqueo, advirtiendo que no permitirán el paso de suministros hasta que el gobierno restablezca los precios anteriores de la gasolina y el diésel.
Desde el Palacio Quemado, el equipo económico del presidente Arce ha intentado calmar los ánimos argumentando que el Decreto 5503 es una medida de «sinceramiento económico» indispensable para evitar el colapso de las reservas internacionales. Sin embargo, la narrativa gubernamental ha fallado en convencer a las bases sociales, que perciben el ajuste como una traición a los principios del modelo económico vigente. La unión de los sectores obrero y campesino-cocalero ha fracturado el bloque de apoyo tradicional del Movimiento al Socialismo (MAS), dejando al presidente en una posición de aislamiento político.
La tensión en los puntos de bloqueo ha derivado en enfrentamientos esporádicos con las fuerzas policiales, que intentan mantener expeditas las vías para el transporte de alimentos y medicinas. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de dinamita y gases lacrimógenos en las zonas de conflicto, instando a ambas partes a evitar una escalada de violencia que pueda resultar en víctimas fatales. La COB, por su parte, ha ratificado que la huelga general indefinida se mantendrá con «carácter combativo» hasta lograr la anulación total de la norma.
Analistas políticos señalan que esta convergencia de fuerzas evoca los escenarios de inestabilidad de principios de siglo en Bolivia, donde la unión de trabajadores y cocaleros derivó en cambios estructurales de gobierno. El control de la carretera que une el oriente con el occidente del país es la herramienta de presión más potente de esta alianza, afectando directamente las exportaciones y el abastecimiento de las grandes ciudades. Mientras la escasez de dólares continúa asfixiando a los importadores, el «gasolinazo» se ha convertido en el catalizador de un descontento social que parece desbordar los cauces del diálogo formal.
Con el país al borde de la parálisis logística, el gobierno de Arce se enfrenta a la decisión de reprimir las protestas para liberar las rutas o ceder ante las demandas de la COB y los cocaleros, lo que supondría un duro golpe a su programa de ajuste fiscal. Las próximas 24 horas serán cruciales, ya que se espera que los bloqueos se extiendan a las fronteras internacionales, internacionalizando el impacto económico del conflicto. Bolivia cierra el año 2025 en un estado de convulsión social que pone a prueba la vigencia del pacto social y la capacidad de resiliencia de sus instituciones democráticas.
