![]()
Hay disparidades en los salarios entre los maestros de instituciones públicas y privadas.
Santo Domingo. – La asignación del 4% del PIB al Ministerio de Educación ha llevado a un aumento significativo en los salarios de los maestros públicos, pero no ha transformado la dura situación de cientos de educadores del sector privado.
Siguiendo el principio de libre mercado, las escuelas establecen sus propias escalas salariales sin intervención del gobierno, creando una desigualdad estructural que impacta económicamente a los docentes.
Los relatos recogidos en Santo Domingo Este, Los Alcarrizos, San Cristóbal y el Distrito Nacional muestran la diferencia en los sueldos mensuales entre ambos sectores, a pesar de desempeñar el mismo rol, con notables variaciones en beneficios y recursos para la enseñanza. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, un maestro público tiene un salario promedio de RD$65,578 luego de un incremento del 10%.
Por otro lado, los docentes privados reciben entre RD$18,000 y RD$35,000 al mes, sin beneficios por antigüedad ni garantía de contrato.
En Los Alcarrizos, una madre que tiene dos hijos en una escuela privada comunitaria paga RD$1,800 mensuales por Primaria y RD$2,500 por Secundaria.
Un centro semiprivado de enfoque evangélico cobra RD$8,000 al año, excluyendo servicios adicionales. En San Cristóbal, los padres gastan entre RD$4,000 y RD$5,000 cada mes en colegios tradicionales, mientras que en Santo Domingo Este, una madre reporta que paga RD$7,000 al mes en Secundaria.
En el Distrito Nacional, una madre con dos pequeños en nivel inicial desembolsa RD$16,000 mensuales; en una institución bilingüe de alta gama, la matrícula anual alcanza RD$240,000.
Aún así, los docentes entrevistados afirman que sus ingresos no superan los RD$30,000. En zonas populares, las tarifas varían según la situación económica de las familias y el tipo de escuela.
La desigualdad también se presenta de forma geográfica: “No es igual una escuela en Villa Juana que en Piantini”, comenta Antonio Ciriaco Cruz, economista y decano de la Facultad de Economía de la UASD.
Fuga de docentes
La falta de regulación conduce a una constante deserción de profesores del sector privado hacia el público, en busca de seguridad y mejores salarios. Un artículo de este diario del 4 de mayo de 2022 destacó esta “fuga de docentes”, provocando una crisis en las escuelas privadas.
El artículo detalla que los educadores que lograron el Concurso de Oposición Docente del Ministerio de Educación son contratados por el Estado con mejores condiciones laborales y estabilidad.
Meregildo de la Rosa, líder de la ADP, indica: “El docente privado carece de carrera docente; son contratos anuales, sin incentivos ni estabilidad. Deberían unirse para negociar condiciones más equitativas”.
El mismo trabajo
Un profesor del sector privado con más de diez años de experiencia comenta: “Realizamos la misma labor que los del sector público, pero recibimos una remuneración bastante inferior; tenemos que ofrecer tutorías privadas para subsistir”.
Libre empresa
Juan Valdez, presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, señala que la raíz del problema es estructural: “En el ámbito privado no existen tarifas fijas ni regulaciones. Las escuelas operan bajo la lógica de la oferta y la demanda”, lo que permite la libertad empresarial, pero acentúa las desigualdades entre maestros de diferentes niveles sociales.
Propuestas
Ciriaco Cruz sugiere que, en un cambio en el sistema fiscal, se restrinjan las exenciones de impuestos para instituciones educativas de mayores ingresos, con el fin de evitar que estos beneficios lleguen a las personas más adineradas. Aclara que la Ley de Gasto Educativo permite a las familias formales descontar gastos educativos del impuesto a la renta; sin embargo, este alivio fiscal se dirige principalmente a los contribuyentes de clases media y alta, excluyendo a los sectores más populares y a las escuelas comunitarias.
Las exenciones deberían estar sujetas a los ingresos y el tipo de institución, para no aumentar la distancia entre las escuelas de élite y aquellas de bajo costo.
Líderes de la ADP plantean la creación de una figura sindical para los docentes de escuelas privadas, estableciendo acuerdos sobre salarios mínimos y condiciones laborales básicas que sean monitoreadas por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación.
El principio de libre empresa seguirá siendo aplicable en la educación privada; sin embargo, la falta de límites mínimos perpetúa la desigualdad.
En el ámbito de las políticas públicas, el Senado aprobó en primera lectura la modificación de la Ley 86-00, que permitiría al Ministerio de Educación regular las tarifas de reinscripción en las escuelas privadas, pero no se incluye una regulación sobre salarios, lo que suscita un debate sobre la función del Estado en relación con la desigualdad educativa.
Registro
119 mil docentes.
El sistema educativo público cuenta con esta cantidad, de los cuales 76,000 están activos en las aulas impartiendo enseñanzas.

